En octubre de 2019 se cumplen ocho años desde la promulgación de la ley n° 18.795 que promueve la inversión privada en viviendas de interés social a partir del otorgamiento de exoneraciones tributarias.

Además de fomentar la inversión privada en la construcción, refacción, ampliación o reciclaje de viviendas, dicha ley se enmarca en un programa más amplio cuyo objetivo es facilitar el acceso a una solución habitacional a través de la compra o el alquiler.

Según la reglamentación vigente, los proyectos deben construirse en determinadas áreas clave de las ciudades que cuenten con todos los servicios, contribuyendo al mejoramiento del entorno urbano y revitalizando zonas en las que hace más de 60 años no se construían viviendas.

Algunas de estas viviendas tienen topes de precio fijados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, institución que también se encarga de la comercialización de estas viviendas topeadas.

Desde la promulgación de la ley en octubre de 2011, ya son más de 800 los proyectos que han ingresado a la Oficina del Inversor de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). De estos proyectos, 686 han sido promovidos por el Poder Ejecutivo, habiéndose finalizado más de 10.000 viviendas a la fecha, mientras que 6.300 se encuentran en construcción.

La Oficina del Inversor tiene como objetivo estudiar y orientar al inversionista en el proceso de presentación del proyecto. Los inversores interesados deben dirigirse a esta oficina en casa central de la ANV o a cualquiera de nuestras dependencias en todo el país.

La ANV es una institución integrante del Sistema Público de Vivienda, liderado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.